Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.— En medio de la creciente inconformidad del sector agrícola por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, el senador morenista Juan Carlos Loera acusó que las críticas provienen principalmente de grandes usuarios del recurso, a quienes señaló de mantener prácticas de acaparamiento y de influir políticamente en el rechazo a los cambios propuestos por el Gobierno Federal.
En entrevista telefónica con Fuenteinfo, el legislador afirmó que detrás de la narrativa contra la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentran productores de alto consumo y actores políticos del PAN.
“Es muy sencilla la óptica. La óptica que tienen los acaparadores del agua es que no se le mueva una letra o una coma a lo que se les ha beneficiado para acaparar el agua y para usarla de manera indiscriminada en los productos que tanta agua consumen”, declaró.
Loera insistió en que los intereses económicos asociados a cultivos de alto rendimiento han presionado para frenar la discusión legislativa.
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“Como han crecido las nogaleras, nada más es verlo (…) ellos quieren conservar los privilegios para que se siga viendo como una mercancía el agua. Pero incluso a ellos también les beneficia la ley”, señaló, al tiempo que acusó a estos grupos de influir políticamente.
“Los altos productores, los que tienen un gran consumo de agua por los productos de alto valor. Ellos son los que están engañando con el brazo político que tienen que es el PAN, principalmente”.
¿EN QUÉ SE CENTRAN LAS MODIFICACIONES?
Las declaraciones del senador se dan en un contexto de fuerte tensión en Chihuahua, donde productores han manifestado preocupación por posibles afectaciones a sus concesiones.
Entre los aspectos más discutidos se encuentra el fortalecimiento del control federal sobre las concesiones. El proyecto plantea mayores restricciones para renovarlas o transferirlas en regiones con estrés hídrico, lo que usuarios agrícolas consideran un riesgo para la continuidad del riego y la estabilidad de sus cultivos.
La iniciativa también concede nuevas facultades a la Federación para intervenir en cuencas con sobreexplotación, redistribuir volúmenes y aplicar medidas de emergencia. Organizaciones de usuarios argumentan que estas facultades podrían dejar en desventaja a productores que ya operan bajo recortes significativos.
Otro punto es la incorporación de principios de justicia hídrica y la priorización del consumo humano en escenarios de escasez. Aunque especialistas ven esta actualización como necesaria ante la crisis climática, productores reclaman que la reforma no contempla mecanismos claros de compensación ni garantías para mitigar el impacto en la actividad económica del campo.
Adicionalmente, el proyecto endurece los sistemas de vigilancia y sanciones por extracción irregular, lo que ha generado inquietud sobre posibles decisiones discrecionales o cargas administrativas mayores.